¿QUIÉN VA A PAGAR?

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os técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han estimado en unos 5,5 millones de euros la recaudación que aportaría Albacete en caso de que la Junta de Castilla-La Mancha aplique sin bonificaciones el Impuesto de Patrimonio anunciado por el Gobierno para las fortunas superiores a los 700.000 euros.

Todos los esfuerzos son pocos, aunque ya hemos notado algunos síntomas de rebeldía. Por ejemplo, Emilio Botín cree “malo que se haya vuelto a poner”. El presidente del Santander, que supera con mucho los 700.000 euros mínimos exigidos para poder satisfacer este tributo, no lo ve claro, como tampoco lo veía hace cuatro años Zapatero cuando, por su cuenta y riesgo, decidió suprimir un impuesto que en legislaturas anteriores había dado pingües resultados para las arcas del Estado.

El colectivo de técnicos de Hacienda está haciendo un llamamiento a la comunidad para que no renuncie a este tributo “justo y equitativo” gracias al cual se podrán gravar las rentas más altas, que “en muchos casos escapan al control del fisco de forma fraudulenta o mediante distintos subterfugios legales”. Si la vuelta de este impuesto es para arrimar el hombro (parece que no hay ricos tan solidarios en España como en Francia) y la lucha contra el fraude, bienvenido sea. Si hay un afán recaudatorio, sin más, el Gobierno debería aclararlo. A juicio de los técnicos del Gestha, la aplicación de bonificaciones no sólo supondría renunciar a unos ingresos vitales para reducir el elevado déficit autonómico, sino que también estarían disminuyendo el reparto solidario de las cargas fiscales entre contribuyentes. Así sí, pero aún está por ver que ese objetivo se consiga.

Sin embargo, lo que muchos no entienden es que habiendo sigo un impuesto tradicional en el calendario tributario de este país, ahora el Gobierno diga que va a ser una solución temporal. ¿Y si dentro de año y medio no se han cumplido las estimaciones de Zapatero? ¿Qué pasará?

Foto: noticias-nacionales.es