EL ARTÍCULO 47

E
s una preocupación que está en la calle. El sobredimensionamiento del mercado inmobiliario provocó un acceso rápido e inusitadamente fácil a unas hipotecas que en cuanto ha caído el castillo de naipes, se han vuelto, en la mayoría de casos, impagables. Jueces para la Democracia emitía un comunicado en el que abogaba por regular la dación en pago, de modo que la entrega de la vivienda permita saldar la deuda hipotecaria de los afectados, en la forma en que también se está haciendo en otros países. Pero eso parece ser dificilísimo de conseguir en este país, en el que el Gobierno de Zapatero no puso coto a los desmanes inmobiliarios a sabiendas de que se estaba hinchando una burbuja que ha terminado por mancharnos a todos.

El apoyo de esta asociación de jueces a la dación en pago coincidía con la celebración de marchas en 50 ciudades españolas entre las que se encontraba Albacete, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para exigir el fin de los desahucios (esta misma semana hubo uno en Hellín) y la puesta en marcha de un alquiler social. En esa línea, JdP destaca su “preocupación” ante los “crecientes desalojos en procedimientos hipotecarios, que están dejando sin vivienda a decenas de miles de familias”. El reverso tenebroso de la crisis no se ha dado cuenta aún (y tiene bemoles la cosa) de que en su mayor parte los desalojados son deudores de buena fe, que han perdido sus ingresos en el contexto de una crisis de la que no son responsables, sin que desde las instituciones públicas se hayan adoptado medidas suficientes de protección.

El actual marco legislativo está limitando las posibilidades de defensa de unos ciudadanos que se encuentran indefensos ante esta situación y, además, da una inusitada ventaja procesal a las entidades bancarias, por lo que sería necesaria una regulación más detallada de la legislación para evitar esa situación de superioridad de bancos y cajas sobre ciudadanos que solo buscan disponer de lo que es de recibo: una vivienda digna. Vivienda digna. Que no lo decimos nosotros. Lo dice el artículo 47 de una cosa llamada Constitución.

Foto: El Pueblo.