martes, 5 de abril de 2011

DERRIBANDO FRONTERAS


N
o es un tema nuevo. Llevamos ya varios años asistiendo a un espectáculo lamentable en el que los vecinos de las zonas afectadas se quejan y en el que los políticos de turno no mueven ni un dedo. Sin embargo, por mucho que se empeñen los ciudadanos, las soluciones tienen que emanar del Congreso de los Diputados y no del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Albacete. ¿Tienen razón los vecinos de Polígono de San Antón al quejarse del aumento de la prostitución en su barrio? Sí, sí que la tienen, pero se equivocan al buscar como interlocutor a los políticos locales. Ellos sólo pueden ser transmisores (si quieren, que no siempre es así), de las quejas ciudadanas.

La prostitución es un problema que no se quiere arreglar. Digámoslo claro. Es así, porque ha habido oportunidades de debatirlo y de solucionarlo en sede parlamentaria, y sin embargo, siempre han existido obstáculos que lo han imposibilitado. Pero conviene recordar que la prostitución no ha permanecido al margen de los principales cambios sociales experimentados en nuestra sociedad. A mediados de los años noventa, el perfil de mujeres que ejercían esta profesión (no seamos demagogos, es un trabajo más, aunque fuertemente estigmatizado por todos) fue variando. Las prostitutas solían ser adictas a sustancias estupefacientes que veían en este mundo la única manera de reunir el dinero suficiente para poder continuar con sus hábitos.

Con la llegada masiva de inmigrantes desde hace tres lustros aproximadamente, la situación de las prostitutas en España cambió considerablemente. La prostitución es el único medio de vida para muchas de estas inmigrantes que no pueden acceder al mercado laboral, menos aún en el actual contexto de crisis económica. A la par, las mafias que controlan gran parte del sector del mercado del sexo, se configuran como el principal problema que habría que erradicar para buscar una deseada regularización de las personas que venden su cuerpo.

La ley ha soterrado la prostitución en sus lúgubres sótanos. En nuestro país la prostitución no es un delito si se ejerce voluntariamente; no obstante, en nuestro Código Penal si que aparecen tipificados como delitos la explotación sexual. El debate sobre la legalización de las prostitutas gira en torno a la necesidad de que se las considere trabajadoras para así poder beneficiarse de los derechos derivados de la Seguridad Social de los que ahora carecen. Pero fíjense en algo curioso que aparece en la Ley de Extranjería, que considera la prostitución un “no trabajo” (¡) y por ello las extranjeras que se dedican a ejercerla no pueden conseguir los correspondientes permisos de trabajo ni de estancia; permisos que podría llegar a obtener si el trabajo que desempeñan fuese considerado legal. Pero claro, ¿qué pasaría si consiguieran el permiso de residencia? Efecto llamada; más inmigrantes; más problemas para algunos políticos. No conviene... al parecer.

En el año 2007 las Cortes rechazaron la legalización de la prostitución porque consideraron que era imposible separar su ejercicio de la explotación sexual. No obstante el Gobierno elaboró un plan para prevenirla: plan que contenía medidas muy amplias como campañas de sensibilización o la atención integral a las víctimas. A pesar de ello, a día de hoy las prostitutas siguen careciendo de cualquier tipo de derecho, pero lo que yo me pregunto es que si es imposible separar el ejercicio de la prostitución de la explotación, ¿no será que el verdadero problema es esa explotación?

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